Recientemente, el Gobierno español está estudiando aprobar una nueva ley de la vivienda en España que busca regular el mercado de alquiler y fomentar el acceso a la vivienda. Sin embargo, esta ley ha generado un debate acalorado en el sector inmobiliario, ya que algunos inversores se han mostrado preocupados por las posibles repercusiones que podría tener en sus negocios. En este artículo, analizaremos los puntos clave de la nueva ley y su impacto en los inversores inmobiliarios.

¿Cómo afecta la nueva ley de la vivienda en España a los inversores inmobiliarios?

La nueva ley de la vivienda en España tendrá varias implicaciones para los inversionistas inmobiliarios. A continuación, se presentan algunas de las claves a tener en cuenta:

 

Ampliación de las zonas tensionadas en el mercado del alquiler

En esta nueva ley se definen las “Zonas tensionadas”, las cuales dependerán de cada Comunidad Autónoma quienes serán quienes se encarguen de establecer en sus territorios las zonas que se encuentran tensionadas para definir un límite en los precios.

 

Nueva definición para grandes tenedores

Se hará una distinción entre grandes y pequeños propietarios.

Grandes tenedores: serán aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad 5 o más viviendas. Recordemos que hasta ahora los grandes tenedores eran quienes tuvieran más de 10 viviendas en propiedad.

Pequeños propietarios: serán aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad menos de 5 viviendas.

 

Límite de la actualización anual del alquiler eliminando el IPC

Este punto es el que más controversia ha traído. Se dice que con la nueva normativa los precios de alquileres, a partir del 2024 se verán limitadas a un máximo del 3% y quedarán desvinculadas del IPC.

Aun no se ha definido el índice de referencia por el que se actualizarán los precios de alquileres, actualmente se encuentra en estudio con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

 

Regulación del precio de los alquileres en zonas tensionadas en nuevos alquileres

Los precios de los alquileres de los nuevos contratos estarán regulados por este nuevo índice y los contratos vigentes no se podrán incrementar más allá del 3% estipulado por esta nueva ley.

 

Obligación del casero de pagar la comisión de la inmobiliaria

Los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. Por norma general la comisión de la inmobiliaria corría por parte del inquilino y ahora será obligatorio que sea el propietario quien lo pague.

 

Prohibición de aumentar el precio del alquiler con gastos extras

No se podrá aumentar el precio del alquiler repercutiendo los gastos al inquilino (comunidad, tasa de basura, etc.).

 

Prohibición de acuerdo entre las partes que no estén estipuladas en la Ley de Vivienda

Se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley de existir un acuerdo entre las partes. La Ley de Arrendamientos Urbanos permite que, como en cualquier contrato, las partes lleguen a acuerdos incluso si estos son contrarios a parte de la Ley.

 

Medidas de protección frente a los desahucios

Este punto aún no queda claro, pero algunas de las medidas para la “protección” del inquilino serán:

  • No se podrán realizar desahucios sin fecha predeterminada, por lo que deberá ser obligatorio establecer una fecha y una hora para llevarlos a cabo.
  • Se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años.
  • Las CCAA podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos.
  • Se reconoce la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política.

Beneficios fiscales para propietarios

Este sería quizás el punto que más nos podría interesar como inversores. Sin embargo, en la rueda de prensa no transcendió mayor detalle de los “beneficios fiscales” que supondrían estos cambios para los propietarios de las viviendas.

Hay que tener en cuenta que, si se aplican estas nuevas medidas las zonas más afectadas serán Cataluña, Madrid, País Vasco, Canarias, Baleares y ciudades como Málaga, Sevilla y Valencia.

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